Sucedió luego del asesinato de José Luis Cabezas y sucede ahora con la muerte del fiscal Alberto Nisman. Frente a episodios institucionalmente sensibles y que conmueven a la sociedad, siempre habrá factores de poder que buscan desprestigiar la memoria de las víctimas para desviar el verdadero foco de las investigaciones.
Los detalles sobre una modelo, supuestamente amiga o novia de Nisman, y la difusión por parte de un sitio de información judicial del supuesto nivel de alcohol que el fiscal habría tenido en su sangre antes de morir constituyen mucho más una estrategia distractiva que elementos útiles para saber cómo y porqué murió el hombre que había denunciado a la Presidenta por el modo en que condujo las negociaciones con Irán para poder hallar a los sospechosos del ataque terrorista a la AMIA.
La responsabilidad por la difusión y el tratamiento de los datos sobre Nisman le corresponde al juez y a la fiscal que investigan su muerte. Pero alcanza también al Gobierno, a los legisladores y a los periodistas, quienes debemos más que nadie ponderar con prudencia la relevancia que los detalles íntimos puedan tener para esclarecer una muerte que vuelve a dejar en evidencia el costado oscuro del Estado.
