La polémica delegación de facultades que reclama el Gobierno nacional para redistribuir partidas en forma discrecional puede generar problemas de “transparencia y previsibilidad en el manejo del Presupuesto, además de debilitar las instancias legítimas que participan de su discusión y “contribuir a la inestabilidad política , advierte un informe del centro de estudios Cippec.
El análisis considera que el proyecto puede servir para que se exacerbe “un uso electoralista del presupuesto, situación por la que recomienda que se instrumenten alternativas para “morigerar la iniciativa y garantizar la institucionalidad.
En ese sentido, Cippec insistió en la necesidad de incorporar un límite porcentual a las modificaciones que estaría habilitado a efectuar la Jefatura de Gabinete sin sujeción a las restricciones impuestas por el artículo 37 de la ley de Administración Financiera.
La propuesta también incluye la idea de autorizar las modificaciones de partidas entre finalidades, pero no entre gastos corrientes y gastos de capital, como sostiene el proyecto oficial.
El trabajo mencionó que a partir del uso de superpoderes en 2005, el total de ampliaciones realizadas por el jefe de Gabinete sobre el presupuesto aprobado mediante estas facultades ascendió a $ 4.610 millones. En tanto, las reasignaciones que no aumentaron el gasto aprobado, ascendieron a
$ 466 millones para los cambios entrefinalidades, $ 448 millones fueron modificaciones que implicaron incrementar gastos corrientes en detrimento de gastos de capital, y $ 935 millones fueron fondos originalmente asignados a la jurisdicción “Obligaciones a Cargo del Tesoro , redireccionados hacia otros gastos.
