Las líneas aéreas nacionales Sol, Andes y LAN Argentina fueron invitadas al Congreso para aportar datos sobre el mercado aerocomercial, en pleno debate sobre el proyecto de ley de estatización de Aerolíneas Argentinas y Austral. La convocatoria fue extraoficial y todavía no se les asignó fecha, pero las firmas ya se reunieron el viernes en la Cámara de Líneas Aéreas de la República Argentina (Clara) para consensuar las posiciones que mantendrán ante la comisión de Transporte, presidida por la diputada salteña Beatriz Daher. Por allí ya pasaron otros representantes de la industria, como funcionarios y técnicos especialistas. Las empresas decidieron aprovechar la oportunidad para transmitir a los legisladores las medidas que demanda todo el sector, incluyendo la política tarifaria, la cual, consideran, podría haber evitado la última crisis de Aerolíneas y Austral.

Las tres compañías mantienen igual número de propuestas sobre el tema del valor de los pasajes, pero hay un punto que es común a todas: el pedido de una actualización del sistema de precios. La propuesta más extrema es la que directamente demanda la liberación completa, en reemplazo del esquema actual de mínimos y máximos establecidos por la Secretaría de Transporte y en vigencia desde 2002. Otra de las firmas, en cambio, solicitará mantener regulado el piso de precios, para evitar acciones de competencia desleal, fundamentalmente de nuevas firmas que puedan ingresar al mercado. No olvidan que el martes pasado venció el plazo para presentar documentación para una futura audiencia pública de asignación de rutas, donde se inscribieron nada menos que 15 interesadas.

La postura más moderada, en cambio, contempla conservar una banda controlada de mínimos y máximos, pero que contemple un ajuste automático de los valores en base a un indicador representativo.

Medidas pendientes

Este año –y por primera vez desde 2006– las aerolíneas recibieron dos autorizaciones de aumentos del 18% en abril y mayo. Junto con eso, se les anunció una serie de medidas complementarias, para contrarrestar la crisis que vive todo el sector y que se registra también a nivel mundial, ya que la actividad está atada a la evolución del combustible que no dejó de crecer desde 2002, cuando rondaba los u$s 28 el barril, mientras que el viernes estaba en u$s 120.

Es por eso que las empresas piensan hacer alusión también a una de las medidas que todavía no se implementó y que exige –a su vez– una aprobación del Congreso. Se trata de la eliminación del IVA al combustible, un paliativo que formó parte del decreto 1012 de 2006, una norma que contemplaba también la asistencia a las compañías y que en ese momento autorizó un aumento tarifario del 20% (previo a los dos del 18% de este año). Aunque presente en ese decreto, la exención del IVA al combustible aeronáutico (JP1) nunca se concretó.

“Se va a pretender que el Congreso entienda que la industria está en crisis , explicó un ejecutivo del sector.