La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, se comprometió a impulsar un nueva regulación entre la política y los negocios afecte a quien afecte, en alusión a un caso que involucra a su hijo. Me voy a hacer cargo, respondió la mandataria anoche en Viña del Mar, al ser preguntada por el llamado caso Caval, un negocio inmobiliario que reportó una millonaria ganancia a su hijo, Sebastián Dávalos y a la esposa de éste, Natalia Compagnon. Al término de una reunión con el gabinete ministerial que se prolongó todo el día, Bachelet prometió que su gobierno tomará todas las medidas para que, afecte a quien afecte y pase lo que pase, nuestro país pueda tener la confianza de que se van a respetar las prácticas éticas, legales y administrativas correspondientes, para que el país pueda confiar en sus instituciones, añadió. Caval, una pequeña empresa en cuya propiedad participa Natalia Compagnon, la esposa de Dávalos, obtuvo con intervención de este un préstamo del Banco de Chile por el equivalente de unos u$s 10,4 millones para comprar unos terrenos que tiempo después vendieron con una ganancia de u$s 4,8 millones de dólares. En la concesión del préstamo, gestionado en noviembre de 2013, cuando Bachelet ganó las elecciones presidenciales, participó Andrónico Luksic, vicepresidente del Banco, cuya propiedad está controlada por su familia. El caso es investigado por eventuales delitos de uso de información privilegiada y tráfico de influencias y su repercusión ha golpeado duramente la popularidad de Michelle Bachelet, mientras Dávalos debió renunciar a su cargo de director sociocultural del gobierno. Bachelet también fue preguntada por la prisión preventiva que un juez ordenó este sábado contra seis de diez imputados por fraude al fisco que incluye al grupo financiero Penta, que involucra a los dueños del mismo, a altos ejecutivos y a políticos de la derecha opositora. Penta es un banco de inversión que maneja activos por más de u$s 20.000 millones y los imputados están acusados de delitos tributarios, cohecho, sobornos y otros delitos, mientras una arista política, referida a la financiación ilegal de campañas electorales, ha comenzado también a ser investigada por la Fiscalía.